Solo el 3,4% de las empresas mantiene una prohibición total sobre estas herramientas, mientras el resto avanza hacia marcos internos de gobernanza, según el último ESET Security Report. (Fuente: WeLiveSecurity (ESET))
Cuando OpenAI lanzó públicamente ChatGPT en noviembre de 2022, muchas empresas reaccionaron con cautela, restringiendo o directamente prohibiendo el uso de inteligencia artificial generativa por temor a fugas de información. Esas medidas iniciales no lograron frenar la adopción: los empleados empezaron a usar estas herramientas por su cuenta para automatizar tareas, dando lugar al fenómeno conocido como Shadow AI, es decir, el uso de IA sin aprobación del área de tecnología. Hoy, según el último ESET Security Report, esa realidad cambió por completo: apenas el 3,4% de las empresas mantiene una prohibición total, mientras que el 39,7% promueve su uso bajo marcos internos definidos.
El desafío más urgente, según el informe, es para el 39,2% de las organizaciones que todavía dejan la decisión en manos de cada empleado, sin una política clara. Esto no significa que la IA esté prohibida ni permitida: simplemente no hay lineamientos sobre qué herramientas se pueden usar, qué información se puede compartir o qué responsabilidad asume quien recurre a ellas. Con el tiempo, esa falta de criterios comunes puede derivar en un uso inconsistente entre áreas, mayor exposición al Shadow AI y dificultades para responder ante incidentes.
Las políticas de IA que las empresas vienen implementando buscan resolver tres problemas centrales: proteger información sensible —evitando que se compartan datos de clientes, código fuente o documentos internos en plataformas públicas—, reducir el riesgo del Shadow AI ofreciendo alternativas corporativas aprobadas, y garantizar la supervisión humana sobre todo contenido generado por estas herramientas, especialmente cuando interviene en decisiones de negocio.
A nivel de sectores, el informe de ESET encontró diferencias marcadas: en Educación, el 58,8% de las instituciones opera sin ningún tipo de regla sobre IA, mientras que en el sector financiero el 47,6% de las entidades fomenta su uso, pero bajo normativas internas estrictas. A nivel global, marcos como el NIST AI RMF, la norma ISO/IEC 42001 y la Ley de IA de la Unión Europea ya ofrecen lineamientos ampliamente reconocidos para gestionar los riesgos de esta tecnología de forma responsable.
El verdadero desafío para las organizaciones, según el reporte, no es solo definir una política, sino lograr que la forma segura de usar IA sea también la más conveniente: si la alternativa corporativa es más lenta o restrictiva que la pública, los empleados van a tener un incentivo natural para saltarse la política, sin importar cuán bien redactada esté.
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