A menos de dos semanas de que venza el plazo del 30 de junio, la presidente mexicana negó que el padrón obligatorio de líneas telefónicas tenga fines de vigilancia. Aseguró que los datos quedan en manos de las telefónicas, no del Gobierno, y que más de la mitad de las líneas ya están registradas.
A diez días de que se cierre el plazo más polémico del año para las telecomunicaciones mexicanas, la presidente Claudia Sheinbaum salió a confrontar de frente la principal crítica que acompaña al registro obligatorio de celulares desde su anuncio. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la idea de que el Gobierno busca vigilar a los usuarios es incorrecta, y atribuyó parte de la desconfianza a campañas de desinformación en torno al proceso.
La frase de Sheinbaum fue directa: «Es muy importante, para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso.» En cuanto al objetivo real de la medida, la presidenta insistió en que la finalidad del registro es fortalecer las capacidades de seguridad del Estado frente a delitos que se cometen mediante teléfonos móviles, declarando: «Es muy importante para fortalecer la seguridad: que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos.»
En cuanto al avance del trámite, Sheinbaum adelantó que el próximo 25 de junio el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presentará un informe detallado sobre el avance del padrón, y aseguró que ya se ha registrado más de la mitad de las líneas del país. Sin embargo, el arranque del registro estuvo marcado por fallas técnicas, caídas de plataformas y dudas sobre la capacidad de las operadoras para completar el proceso dentro de los plazos establecidos.
El punto más sensible para la opinión pública fue aclarado de forma explícita: según explicó la presidente, los datos no quedan almacenados directamente por el Gobierno federal sino por las compañías telefónicas, que son las responsables de conservar los registros y entregarlos únicamente cuando exista una investigación formal. «Quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno», afirmó, agregando que la información únicamente puede ser requerida en el marco de una carpeta de investigación, por ejemplo en casos relacionados con personas desaparecidas u otros delitos.
La desconfianza, sin embargo, sigue siendo generalizada entre quienes no completaron el trámite. Datos de The Competitive Intelligence Unit indican que cerca del 70% de quienes no han realizado el registro expresan inquietudes relacionadas con la protección y el manejo de sus datos personales.
El plazo oficial para registrar las líneas continúa siendo el 30 de junio de 2026, aunque la propia regulación contempla mecanismos de regularización posteriores, y la CRT ya determinó que millones de líneas de pospago pueden considerarse identificadas si los operadores ya cuentan con los datos de sus usuarios. Además, la Asociación de Bancos de México advirtió que perder una línea telefónica por falta de registro podría afectar el acceso a aplicaciones bancarias, códigos de autenticación y otros servicios digitales que hoy dependen del número celular.
El mensaje del Gobierno, por ahora, es que no se contempla afectar a los usuarios, pero sí se mantiene el llamado a completar el trámite antes de que concluya el plazo: «Que se registren, que avance el registro, es muy importante. Es poco tiempo, se hace rápido, y nos ayudamos entre todos», concluyó Sheinbaum.