El primer ministro Keir Starmer anunció hoy la prohibición de TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook y X para menores de 16 años, con multas millonarias para las plataformas que no cumplan. El modelo sigue el camino de Australia e irá más lejos que ningún otro país.
El primer ministro Keir Starmer anunció este lunes que el Reino Unido prohibirá el acceso de menores de 16 años a plataformas de redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, con el objetivo de proteger a los jóvenes del contenido dañino y el tiempo excesivo de pantalla. La medida excluye a YouTube Kids y servicios de mensajería como WhatsApp y Signal.
Starmer, que tiene dos hijos adolescentes, justificó la decisión con una frase directa: «Las redes sociales están haciendo infelices a los niños. He escuchado de primera mano a familias que claman por un cambio, y lo haremos bien.»
El gobierno irá más lejos que Australia —el primer país en establecer este tipo de restricción— introduciendo limitaciones adicionales sobre funciones consideradas especialmente dañinas. Entre ellas se incluyen el bloqueo del livestreaming y la comunicación con extraños para menores de 16, con protecciones similares activadas por defecto para usuarios de 16 y 17 años. También se estudian toques de queda nocturnos y medidas para limitar el scroll infinito en menores.
Las regulaciones también impedirán que usuarios menores interactúen con extraños en plataformas de juegos y livestreaming. Las plataformas que no tomen medidas razonables para excluir a menores de 16 años podrían enfrentar multas multimillonarias. Starmer dejó en claro que las acciones de cumplimiento apuntarán a las empresas tecnológicas, no a los niños.
El gobierno prometió brindar más detalles sobre la implementación en julio. El desafío no es menor: la misma mañana del anuncio, una encuesta realizada en aulas del Reino Unido mostró que la mayoría de los estudiantes menores de 16 años se opone a la medida, y expertos en neurociencia señalaron que existe «muy poca» evidencia científica que respalde que los teléfonos están dañando a los niños.
El Partido Verde apoyó la dirección general de la medida pero advirtió, junto a organizaciones como NSPCC y la Molly Rose Foundation, que una prohibición general podría aislar aún más a jóvenes vulnerables, en particular personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQIA+.
La apuesta del gobierno es clara: donde las plataformas fallaron en autoregularse, el Estado interviene con todo su peso legal. Resta ver si la tecnología acompaña la ambición política, ya que la verificación de edad a escala sigue siendo uno de los problemas no resueltos más complejos del ecosistema digital global.