El estado de Texas ha presentado una demanda formal contra TP-Link, uno de los mayores fabricantes de routers y dispositivos de red del mundo. La acción legal alega que la compañía ha engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus productos y ha ocultado vínculos operativos con el gobierno chino, lo que podría haber expuesto datos sensibles de ciudadanos y empresas estadounidenses a tácticas de ciberespionaje (Fuente Fiscalía Texas).
La demanda, encabezada por el Fiscal General de Texas, sostiene que TP-Link no fue transparente sobre el hecho de que su infraestructura de software y sus servidores de datos están sujetos a las leyes de seguridad nacional de China. Estas leyes obligan a las empresas tecnológicas con sede o vínculos en el país a colaborar con las agencias de inteligencia si así se les solicita, lo que genera un riesgo potencial de «puertas traseras» en millones de hogares y oficinas que utilizan sus routers.
Puntos clave de la acusación:
- Vulnerabilidades Críticas: La demanda cita múltiples informes de seguridad que indican que los routers de TP-Link han presentado fallos recurrentes que permiten el acceso remoto no autorizado, fallos que, según el estado, no fueron comunicados ni corregidos con la urgencia necesaria.
- Falsa Seguridad: Se acusa a la empresa de marketing engañoso al promocionar sus dispositivos como «seguros y privados» mientras mantenía una infraestructura que permitía la transferencia de metadatos de usuario hacia servidores ubicados en jurisdicciones de alto riesgo.
- Riesgo para la Infraestructura: El gobierno de Texas argumenta que la presencia masiva de TP-Link en redes domésticas constituye un riesgo de seguridad nacional, ya que estos dispositivos podrían ser utilizados como nodos para lanzar ciberataques a mayor escala o interceptar comunicaciones privadas.
Un precedente para el sector tecnológico
Este caso ocurre en un momento de máxima tensión tecnológica entre Estados Unidos y China. Al igual que sucedió con Huawei y TikTok, TP-Link se encuentra ahora en el centro del debate sobre la soberanía digital. Si la demanda prospera, podría forzar a la compañía a cambiar drásticamente su estructura de servidores, abrir su código fuente a auditorías externas o incluso enfrentar prohibiciones de venta en ciertas jurisdicciones estatales.
Por su parte, TP-Link ha negado anteriormente acusaciones similares, afirmando que es una entidad global con sedes en EE. UU. y Singapur, y que cumple con todos los estándares internacionales de protección de datos. Sin embargo, la presión legal en Texas podría desencadenar investigaciones similares en otros estados, poniendo en duda la confianza de los consumidores en una de las marcas más económicas y populares del mercado de conectividad.
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