El clima de tensión entre el Gobierno de España y las plataformas digitales ha escalado a nivel internacional. Pavel Durov, fundador de Telegram, ha criticado duramente la reciente propuesta del presidente Pedro Sánchez, que busca establecer responsabilidades penales directas contra los directivos de redes sociales que no colaboren en la persecución de delitos digitales y la protección de menores (Fuente El País España).
La respuesta de Durov no se ha hecho esperar tras conocerse los detalles del borrador de ley que España impulsa en el marco de su ofensiva contra el ciberdelito. A través de un comunicado en su canal oficial, el magnate tecnológico calificó la iniciativa de «amenaza directa a la innovación y a la libertad de expresión en Europa». Según Durov, responsabilizar penalmente a los CEOs por el contenido generado por terceros es una medida «autoritaria» que busca convertir a los directivos en «censores estatales bajo amenaza de prisión».
El plan del Gobierno español, bautizado internamente como la «Ley de Responsabilidad Digital», pretende que los altos ejecutivos de empresas como Telegram, X o Meta puedan ser citados ante la justicia española e incluso enfrentar penas de cárcel si sus plataformas ignoran sistemáticamente las órdenes judiciales de retirada de contenido o no implementan sistemas de verificación de edad efectivos. Esta propuesta surge en un contexto donde España lidera, junto a Francia, una corriente europea que exige mayor control sobre los gigantes tecnológicos tras el aumento de casos de ciberacoso y estafas digitales.
«Es peligroso que los líderes políticos intenten externalizar la vigilancia policial a empresas privadas mediante la intimidación», afirmó Durov, sugiriendo que este tipo de leyes podrían forzar a las plataformas a abandonar el mercado español para proteger a su personal. Por su parte, desde la Moncloa defienden que la medida es necesaria para acabar con la «impunidad digital» y aseguran que la ley cumple con los marcos jurídicos de la Unión Europea.
Este enfrentamiento marca un nuevo capítulo en la regulación de internet en 2026. Con Francia registrando oficinas de X y España apuntando a los directivos, el modelo de «plataforma neutral» está bajo asedio en el viejo continente, planteando un futuro incierto para la privacidad y la operación de las grandes tecnológicas en territorio europeo.
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