OpenAI solicitó formalmente a la administración Trump la expansión del Crédito a la Inversión en Fabricación Avanzada (AMIC) de la Ley CHIPS, actualmente limitado a la manufactura de semiconductores. La compañía busca que el beneficio fiscal del 35% se extienda a la construcción de centros de datos de IA, servidores y componentes clave de la red eléctrica, citando una necesidad urgente de reducir los costos de su infraestructura masiva. Este movimiento estratégico, impulsado por el director de Asuntos Globales Chris Lehane, tiene como objetivo desbloquear capital privado y acelerar la «carrera de la IA» en Estados Unidos.
La solicitud fue presentada en una carta a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, firmada por Chris Lehane de OpenAI. El objetivo central es que la deducción fiscal del 35%, originalmente diseñada para estimular la construcción de fábricas de chips (fabs) en EE. UU., se aplique también a la infraestructura esencial para la Inteligencia Artificial. Esto incluye centros de datos de alta capacidad, la producción de servidores de IA y, crucialmente, elementos de la red eléctrica como transformadores y el acero especializado necesario para alimentar estas instalaciones.
La argumentación de OpenAI se centra en que la ampliación del AMIC «reducirá el costo efectivo del capital, disminuirá el riesgo de las inversiones iniciales y desbloqueará capital privado para ayudar a aliviar los cuellos de botella y acelerar la construcción de IA en EE. UU.». Esta presión coincide con los planes de inversión a largo plazo de OpenAI, que ha comprometido una cifra astronómica de hasta 1.4 billones de dólares durante los próximos ocho años para asegurar los recursos computacionales necesarios para el desarrollo de sistemas de IA más avanzados.
La propuesta, aunque se presenta como un beneficio para toda la industria y para asegurar la cadena de suministro nacional (incluyendo materias primas como cobre y aluminio), llega en medio de una controversia reciente. La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, había sugerido previamente la posibilidad de que el gobierno federal respaldara los préstamos para la construcción de centros de datos de IA, lo que rápidamente fue interpretado como un potencial «rescate» (bailout). Si bien Friar y el CEO Sam Altman se retractaron y aclararon que se referían a infraestructura pública, funcionarios de la administración Trump descartaron rápidamente la idea de un respaldo financiero directo para las empresas de IA, distanciando la propuesta del crédito fiscal de cualquier garantía de préstamos. La carta de OpenAI busca entonces un apoyo indirecto y basado en incentivos de política industrial para mantener el liderazgo estadounidense en la tecnología de la IA.
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