El controvertido software espía Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, habría aterrizado en México tras un presunto pago de 25 millones de dólares durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. La noticia ha reavivado el escándalo en torno al uso de herramientas de vigilancia de alta tecnología en el país, generando serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos humanos.
Según informes recientes, la transacción se habría concretado con la participación de empresarios israelíes, quienes habrían facilitado la llegada de Pegasus a territorio mexicano. Este spyware es conocido por su capacidad de infiltrarse en teléfonos móviles para acceder a mensajes, llamadas, micrófonos, cámaras y datos de ubicación, convirtiendo el dispositivo en una herramienta de vigilancia total.
El periodo en el que se habría adquirido Pegasus coincide con numerosas denuncias de espionaje contra periodistas, activistas de derechos humanos y opositores políticos durante el sexenio de Peña Nieto. Aunque el gobierno de ese entonces siempre negó el uso indebido de estas herramientas, la revelación del presunto costo y la forma en que habría llegado el software abren nuevas líneas de investigación sobre el alcance y la legalidad de la vigilancia en México.
La reaparición de esta información subraya la urgente necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la adquisición y el uso de tecnologías de vigilancia por parte de los gobiernos. El caso Pegasus ha sido un llamado de atención global sobre los peligros de la venta de spyware a estados que podrían utilizarlo para reprimir a la disidencia, y este nuevo capítulo en México añade más leña al fuego.
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